Recientemente se conmemoró el Día Internacional contra la Corrupción. La fecha fue asignada el 31 de octubre de 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de una resolución que apuntaba a “aumentar la sensibilización” con respecto a estas prácticas ilegales, además de “combatirla y prevenirla”. En Tucumán, la jornada pasó desapercibida para quienes administran el Estado, sus bienes y sus cuentas.
El manejo irregular de los fondos públicos, en ocasiones en connivencia con actores del sector privado, suele transitar el sendero de la falta de transparencia y del ocultamiento en el manejo del erario.
Un informe de política del Banco Mundial de 2019, titulado “Índice de Acceso a la Información
Pública en las Provincias Argentinas: un análisis de la calidad normativa”, da cuenta que para entonces Tucumán estaba entre las cinco provincias del país que no contaban con una ley de adhesión que facilite a la ciudadanía la obtención de los datos relativos al manejo de bienes y cuentas del Estado.
A nivel federal, está vigente la normativa marco sancionada en septiembre de 2016 por el Congreso de la Nación (ley nacional 27.275), cuyo objetivo es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Contiene principios como la “presunción de publicidad”, la “máxima divulgación”, la “gratuidad” y la “máxima premura” en la entrega de los datos correspondientes a todas las áreas de la Administración Pública. Sólo se restringen los contenidos expresamente calificados, por ejemplo, por razones de defensa o de seguridad exterior. Todo lo demás debe ser de acceso público en el ámbito nacional.
No sucede así en la Provincia de Tucumán. El Poder Ejecutivo publica a diario en el Boletín Oficial una serie de decretos y resoluciones que no son correlativos. Algo similar, aunque en menor medida, sucede en el Poder Judicial de la Provincia, donde si bien el registro de acordadas de la Corte Suprema contiene la mayoría de los instrumentos firmados por el máximo tribunal, en ocasiones la base de datos se “saltea” algunos de ellos (por caso, las acordadas 1.262/20 y 1.263/20, entre otras, no aparecían ayer en el sistema). En la Legislatura, en tanto, los decretos y las resoluciones internas son de carácter estrictamente reservado. Incluso, ni siquiera se dan a conocer las designaciones ni las bajas en el personal que presta servicios en el ámbito parlamentario.
Un importante número de representantes del pueblo, tanto del oficialismo como de la oposición, presentaron en las distintas composiciones legislativas proyectos de ley para el acceso a la información pública. Algunas iniciativas promueven la adhesión al régimen nacional; otras, la puesta en marcha de un sistema propio, como en algún momento se había anunciado desde la Casa de Gobierno. Ninguna propuesta recibió tratamiento en las comisiones pertinentes, mucho menos en el recinto de sesiones.
Las propuestas tampoco estuvieron acompañadas por gestos por parte de los legisladores. Antes de que se desatara la pandemia, un ex parlamentario y actual abogado constitucionalista obtuvo una serie de datos relativos a las cuentas de la Legislatura, fruto de una serie de presentaciones administrativas. Aunque el informe contenía cifras globales, significó un gran paso hacia adelante en la materia. Pero en las voluminosas carpetas no había indicios sobre el personal legislativo. Ante una consulta de LA GACETA, los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición resolvieron no dar a conocer las nóminas de sus empleados. Tampoco lo hicieron las autoridades del cuerpo colegiado. Otra vez, el acceso a la información pública se vio frustrado por los obstáculos interpuestos desde el propio Estado.
El 9 de diciembre pasó sin generar acciones concretas ni anuncios a futuro entre las autoridades de la Provincia. Los ciudadanos y ciudadanas que se interesan por conocer cómo se administran los bienes públicos deberán seguir a la espera de que la clase gobernante modifique esta postura.